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Nuevo informe del Observatorio de la Deuda Externa

29 agosto, 2017

El Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) se transformó en una de las principales instituciones para revisar la evolución de los bonos colocados a partir de diciembre de 2015 en el mercado interno y externo.

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El ODE hace un seguimiento detallado de las emisiones del Tesoro, de las provincias, de las empresas del sector privado y de los municipios. En 2017 la emisión de nueva deuda de todos estos sectores sumó en torno a los 35.000 millones de dólares y acumuló 100.082 millones desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri. La cifra representa 20 por ciento del PIB. Estos nuevos pasivos generaron una elevada presión financiera para el sector público, al incrementar la carga de intereses, que en una parte importante vencen en el corto plazo y deben renovarse. El documento detalla que en 2017 el Tesoro deberá cancelar intereses por 8465 millones de dólares y las provincias otros 905 millones.

Lo más destacado del nuevo informe es que la deuda emitida en los últimos 20 meses superó los 100 mil millones de dólares y el pago de intereses le demandará al sector público 9 mil millones de dólares este año. Este último dato representa una suba de 35 por ciento respecto de 2016 y de 90 por ciento con relación a 2015, según una investigación especial de la UMET.

Se advierte que el gasto público destinado a cancelar deudas representa una porción cada vez mayor del presupuesto y reduce el margen del Gobierno para ejecutar inversiones sociales y de promoción a sectores productivos.

“Al promedio de 4,5 mil millones de dólares pagados en intereses durante los años previos a 2015, en este ciclo los pagos se duplicaron y superaron los 9000 millones de dólares”, mencionó Nicolás Trotta, rector de la UMET. Agregó que “si consideramos los valores extraordinarios de estas erogaciones, el valor comparativamente permitiría multiplicar con creces el presupuesto total de ciencia; o pagar 1.600.000 nuevas jubilaciones de 7500 pesos; o en su defecto duplicar los haberes mínimos de los actuales perceptores. Otro destino: incrementar al doble el salario social complementario (hoy de 4030 pesos) para más de 1.500.000 titulares o, en forma combinada, pagar buena parte del Programa de Emergencia Alimentaria si se aprobara el proyecto de ley impulsado en el Congreso Nacional”.

“La exuberancia de la política financiera del Gobierno se lleva dos terceras partes de la recaudación mensual de las cuentas públicas”, apuntó. Mencionó que “esta canalización de recursos al creciente pago de los vencimientos de la deuda reduce las erogaciones hacia áreas más sensibles y urgentes. No puede pasarse por alto que el desembolso destinado a acreedores externos e internos es equivalente, por caso, a atender la totalidad del gasto social alimentario adicional reclamado por las organizaciones sociales, el cual se reclama por los resultados nefastos en materia de empleo, cierre de fábricas y de actividad de las reformas estructurales iniciadas a partir de finales de 2015”.

El director del Observatorio de la Deuda, Arnaldo Bocco, planteó que “en un contexto de marcado deterioro de los equilibrios financieros y fiscales, la economía avanza en el segundo semestre con señales inestables y negativas en el escenario fiscal y en el sector externo. En ambos frentes el déficit presiona sobre el Estado para cubrirlos con mayor emisión de deuda externa. Se espera además un incremento en el endeudamiento en 2018, vista la marcada crisis que produce el saldo negativo de la cuenta corriente”.

Bocco detalló que el Gobierno generó una importante reducción de ingresos fiscales por la eliminación de las retenciones y la caída de la recaudación. “El Gobierno hizo de la colocación de deuda externa su principal mecanismo para financiarse”.

 

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