Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad (NEGYS)

Cabecero

Los estudios y las actividades académicas e investigativas comprenden tres dimensiones fundamentales:

1. Las violencias y las problemáticas delictivas, en cuanto a su evolución, envergadura, diversidad, modalidades de manifestación, factores condicionantes o determinantes, e impactos sociales, económicos, culturales y políticos, así como a las percepciones y sentimientos individuales y sociales existentes sobre las mismas y sobre las respuestas estatales y sociales.

2. El gobierno estatal, en cuanto a la estructuración doctrinaria, organizativa y funcional de sus componentes institucionales, así como a las políticas, estrategias y/o acciones llevadas a cabo por los mismos con relación a las violencias y las problemáticas delictivas, en particular, por: a. El gobierno político de la seguridad, que abarca las funciones ejecutiva y legislativa. b. El sistema policial. c. El sistema de persecución penal e investigación criminal. d. El sistema carcelario.

3. Las organizaciones y/o movimientos sociales que intervienen en los asuntos y/o gestión de la seguridad pública.

A partir de los años ’90, las problemáticas de la seguridad pública se convirtieron en un asunto político, es decir, concitaron la atención de las autoridades gubernamentales y fueron objeto de intervenciones institucionales impulsadas por éstas. Ello se produjo en medio de un creciente reclamo social de protección ante la situación de “inseguridad” que, de una u otra manera, derivó de la transformación del fenómeno criminal asentada en dos tendencias novedosas dadas por el aumento y complejización de los delitos y por el crecimiento del sentimiento de “inseguridad”.

No obstante, la modalidad tradicional de gestión política de la seguridad pública que ha estado signada por el desgobierno político y la delegación de dicha gestión a las cúpulas policiales. Gobernar la seguridad implica establecer un cuadro de situación de las conflictividades y problemáticas delictivas existente en un cierto espacio; determinar las prioridades para las intervenciones sobre las conflictividades y delitos; llevar a cabo las estrategias institucionales tendientes a actualizar y modernizar los dispositivos normativos y organizacionales de gestión institucional de la seguridad; y, finalmente, desarrollar las estrategias sustantivas sobre aquellas conflictividades y delitos tendientes a controlarlas mediante su prevención, conjuración e investigación.

Estas labores no fueron desenvueltas por las autoridades políticas sino que fueron encomendadas y transferidas a las instituciones policiales, ya sea de manera manifiesta o tácita. Y éstas las llevaron a cabo de acuerdo con los criterios, orientaciones y modalidades de intervención autónomamente formulados por sus cúpulas institucionales, dando lugar a una suerte de policialización de la seguridad pública. Asimismo, el desgobierno político también implicó la delegación a las cúpulas policiales de la formulación y reproducción de las bases doctrinarias, organizacionales y funcionales de las propias instituciones policiales así como de la conducción institucional y operacional de las mismas. En razón de ello, la autonomía policial también implicó el autogobierno policial. Entretanto, este conjunto de tendencias ha dado lugar a la precarización institucional de los dispositivos de gobierno de la seguridad pública y de la capacidad de gestión política de estos asuntos. Se conformó una institucionalidad política deficiente en la materia, lo que se manifiesta en la ausencia de estructuras adecuadas de gestión política de la seguridad pública o, dicho de otro modo, la existencia de dispositivos normativos, organizacionales y funcionales inapropiados o insuficientes para el ejercicio integral del gobierno político de la seguridad pública y la falta de un funcionariado especializado y altamente competente para ello.