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Informe del Observatorio de Tarifas de la UMET

10 enero, 2018

INFORME DEL OBSERVATORIO DE TARIFAS

La herencia que dejó el período noviembre-diciembre 2017

 Los gastos de las familias de menores recursos y de ingresos medios de Capital y Gran Buenos Aires, solamente en los servicios públicos de gas, electricidad y agua representan el equivalente a un sueldo por año, o sea un aguinaldo completo si se trata de un trabajador registrado.

Esta conclusión surge de los incrementos tarifarios dispuestos por el Gobierno desde 2016 hasta el presente en esos servicios. Como se sabe, ya hay aumentos programados también para 2018.

En el informe de este Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo se acompañan los últimos incrementos en esos tres servicios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano, y los acumulados desde 2016 hasta el presente. También la sumatoria anual de esos servicios públicos para un consumo relacionado con un ingreso promedio de $ 20.000-23.000 mensuales.

Hacemos la salvedad de que las personas de menores ingresos a esa suma sufren la incidencia de los aumentos en mayor proporción, puesto que no todos acceden a la tarifa social.

Las audiencias públicas

Un balance de la política tarifaria en los primeros dos años de gestión del Presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía Juan José Aranguren revela la dudosa legalidad de las audiencias públicas. Carecieron de legitimidad y en algunos casos fueron confiscatorias.

   No se dieron en las Audiencias Públicas las condiciones de legalidad que exige Corte Suprema (falta de información previa suficiente, adecuada y veraz; falta total de debate en la audiencia; decisión adoptada previamente del objeto de la audiencia, etcétera). Solamente fue una reunión informativa de decisiones tomadas.

Carecieron de legitimidad por cuanto la Corte exigió, en su fallo Cepis sobre las audiencias públicas, el seguimiento de los pasos necesarios para que este tipo de eventos otorguen validez a las decisiones administrativas de los funcionarios.

De manera tal que no se cumplió con las formas y tampoco con el fondo de las condiciones exigidas por la Corte para su validez.

Con relación al fondo de la de las decisiones del Ejecutivo, los incrementos de electricidad y de gas no guardan la gradualidad, la razonabilidad y la capacidad de pago de la población. Por eso algunos aumentos pueden llegar a la confiscatoriedad.

 

Ni claras ni graduales

Las tarifas aprobadas en electricidad, tanto en el precio de la energía, llamado monómico, como en el precio estacional, que se traslada a los usuarios de todo el país, no tienen la suficiente claridad y fundamento en sus valores. Son una muestra de la ausencia de gradualidad y razonabilidad en la quita de subsidios.

Ver informe sobre tarifas eléctricas

Ver informe sobre tarifas en el agua

Ver informe sobre gastos anuales

Ver informe sobre gas

Debemos mencionar que los valores del precio del Mercado Eléctrico Mayorista Nacional superan los 80 dólares el MWh, el doble que los precios de producción de electricidad en Europa y en los Estados Unidos, lo que coloca a la Argentina lejos de  cualquier contexto de competitividad de nuestra economía. En gran parte esa falta de competitividad se debe al precio de producción del gas, totalmente distorsionado respecto de sus costos reales.

En el traslado de ese precio mayorista a las empresas Edenor y Edesur para conformar la tarifa final a usuarios tampoco se ha contemplado la gradualidad y razonabilidad ya enunciadas. Al contrario: además, las decisiones administrativas adolecen de una oscuridad llamativa, también criticada en el fallo “Cepis” de la Corte. La opacidad dificulta para los usuarios, y aun para los especialistas, conocer los verdaderos valores en juego.

Las facturas a los usuarios no transmiten la verdad y realidad de su composición. No están debidamente discriminados los valores de producción de energía, el costo de su transporte y el costo de distribución o comercialización, llamado VAD.

Adjuntamos los datos de los incrementos decididos con estos comentarios que hacen a la ausencia de seriedad respecto de los derechos de los usuarios y de la verdad de las decisiones transmitidas.

Con relación a las tarifas de gas, hacemos las mismas consideraciones, tanto respecto de las audiencias públicas como del proceso decisorio anterior y posterior a ellas.

Acompañamos los incrementos decididos. Después de examinarlos, manifestamos nuestra preocupación por la dolarización e indexación de toda la cadena de valor del gas, que se evidencia también en electricidad, y su perniciosa influencia en el precio de la energía eléctrica mayorista para todo el país. Otra dificultad para lograr una economía competitiva.

 

Ya hemos desarrollado la ausencia de razonabilidad del precio de producción del gas, el PIST, que sigue aumentando en esta etapa. Así se transforma en un verdadero subsidio de los usuarios a las empresas petroleras, con el agravante de que el sacrificio no disminuye, tampoco, las erogaciones del Estado.

También en este aspecto hacemos las consideraciones de oscuridad de las facturas a los usuarios finales, que no muestran la composición de los tres elementos que señala la ley respectiva:  producción del gas, su transporte y su distribución, o VAD (costo de comercialización).

 

Agua

Finalmente acompañamos también en este informe los incrementos en la tarifa de agua en el ámbito del AMBA, desde 2016 hasta el presente, y sus porcentajes correspondientes.

Dicho datos surgen del informe que ha sido suministrado al Observatorio por el Claudio Boada, abogado y director de la “Unión de Usuarios y Consumidores”. Adjuntamos el informe y lo hacemos nuestro.

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